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El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas (en adelante, Consejo Superior) está comprometido con la transparencia de su gestión y la accesibilidad a la información y documentación que se considera de carácter relevante, tanto para los profesionales de la ingenieria de minas, como para el público en general.

Desde  la Ventanilla Única de esta web  se puede acceder a toda la información a la que obliga la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Asimismo, la Ley de Transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) es aplicable a los colegios profesionales de ingenieros de minas y a su Consejo Superior en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo (Título I relativo a la “Transparencia de la actividad pública”,art.2.1.e). Por el contrario, no son aplicables a los Colegios de ingenieros de minas ni a su Consejo Superior las normas referidas a la publicación de contratos sometidos a Derecho administrativo, puesto que ni los Colegios ni su Consejo Superior se encuentran sometidas a la Ley de Contratos del Sector Público.

En consecuencia, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, recoge en este Portal de Transparencia y en la Ventanilla Única  las actividades sujetas a Derecho Administrativo sobre las que debe informar, que son:

  • Funciones desarrolladas por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.
  • Normativa aplicable
  • Estructura organizativa
  • La colegiación o su denegación.
  • Los acuerdos sobre inscripción en el registro de sociedades profesionales o su denegación.
  • La ordenación de la actividad profesional; el ejercicio de la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
  • El visado de trabajos profesionales o su denegación.
  • El establecimiento de criterios orientativos de honorarios profesionales para tasación de costas y los informes sobre esta materia.
  • Las decisiones sobre la inclusión en las listas de peritos colegiados para designación judicial o su denegación.
  • La colaboración con las Administraciones Públicas en el ejercicio de funciones públicas.
  • Cualquier otra actividad que por ser ejercicio de función pública se someta al Derecho Administrativo.


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